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Pedro Francke.

Los dos candidatos que disputan la segunda vuelta electoral han manifestado que renegociarán los contratos firmados con empresas transnacionales para la explotación del gas. En la misma dirección, ambos se han pronunciado por un impuesto a las sobreganancias, o ganancias extraordinarias, que están obteniendo las empresas petroleras y mineras debido al excepcionalmente alto precio de esos recursos que le pertenecen a la nación.

Hacen bien. El Perú es un país pobre pero tiene recursos naturales que, si se explotan en condiciones adecuadas, pueden permitirle al país una base de financiamiento que permitiría mejorar sustancialmente la educación, la salud pública, las carreteras y la promoción de las pequeñas y microempresas. Porque si hay una causa fundamental de la mala educación y salud que tenemos, es el escasísimo presupuesto que recibe. Pero hasta el momento estas empresas mineras, petroleras y gasíferas explotan los recursos dejando muy poco al Estado peruano y llevándose enormes ganancias. Esta situación se ha hecho aún más patente porque en los pasados dos años el precio del petróleo, del oro y el cobre se ha triplicado, de tal manera que ellos, sin hacer ningún esfuerzo adicional ni invertir en mejoras tecnológicas, han visto multiplicarse sus ganancias a niveles increíbles.

Pero este TLC haría mucho más difícil esta renegociación de contratos o aplicación de impuestos extraordinarios. En su capítulo referido a las inversiones, este TLC con los Estados Unidos establece que cualquier medida que tome el Estado peruano que afecte las expectativas de ganancias de las empresas se consideraría "expropiación indirecta" y las empresas afectadas podrán reclamar que se les indemnice por el monto perdido. Esas reclamaciones las harán ante tribunales de arbitraje internacionales, fuera de la jurisdicción nacional y sin que los problemas y necesidades del Perú sean tomados en cuenta. De tal manera que cualquier intento de redistribuir las ganancias provenientes del petróleo, el gas o la minería se enfrentaría a juicios internacionales que no podríamos eludir. Lo mismo sucedería si se quisiera establecer condiciones más favorables a los consumidores frente a empresas de servicios públicos, como las transnacionales que operan los teléfonos y la electricidad. Por cierto, esta regla no vale al revés: el Estado peruano no puede entablar demandas a las empresas ante esos tribunales, ni podrá reclamar porque las empresas, bien relacionadas con funcionarios públicos corruptos, cambiaron los contratos a su favor, como ha pasado tantas veces en la década pasada.

Es por esto que las grandes transnacionales y las empresas que explotan nuestros recursos naturales están muy a favor del TLC y han invertido mucho dinero en hacer propaganda a su favor: el TLC les aseguraría que se mantengan las condiciones excepcionalmente favorables de las que gozan actualmente, condiciones que les permiten obtener enormes ganancias gracias a nuestros recursos naturales.

Un cambio en las condiciones bajo las cuales se explotan nuestros recursos minerales, petróleo y gas es indispensable. Este TLC defiende las sobreganancias de las grandes empresas y amenaza al Perú con juicios internacionales si queremos una mejor distribución de esos beneficios. TLC así, No.